La Región de Murcia da un paso firme para convertirse en líder nacional en agilidad administrativa tras la convalidación en la Asamblea regional del Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa. Una norma que “elimina trámites innecesarios, refuerza la seguridad jurídica y convierte a la Administración regional en un motor de desarrollo y no en un obstáculo”.

Así lo destacó este jueves la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su intervención, en la cual subrayó que “esta ley nace con un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo en nuestra Región”.

La nueva norma, vigente aunque se tramite como proyecto de ley, a petición de varios grupos parlamentarios, introduce medidas de calado como la generalización del silencio administrativo positivo; la ampliación del número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable; la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos, o la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de expedientes sin perder el control público.

Asimismo, la ley incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, clave para acceder a financiación e incluso iniciar su edificación, reduciendo los plazos para la edificación en la Región. También permite implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial como especial para su ordenación mediante instrumentos flexibles, lo que posibilitará obtener más suelo industrial ordenado.

López Aragón destacó que esta legislación tiene un impacto directo en la competitividad regional, ya que “se han movilizado ya más de 800 millones de euros gracias a medidas similares que ahora se consolidan y amplían. Esto no es una promesa, son resultados tangibles”.

Por otro lado, la consejera manifestó que “simplificar no es desproteger. De hecho, el control permanece y se refuerza con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros”. “Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias”, añadió. Finalmente, López Aragón recordó que esta ley “es de los ciudadanos, de quienes crean empleo, innovan y construyen el futuro de esta tierra”.